Libre ex director de VIP Saesa gracias a un amparo


El ex director de la empresa estatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos o simplemente VIP Saesa, Carlos Acosta Gutiérrez, quedó en libertad tras considerarse procedente el amparo presentado en contra de las medidas cautelares que se le habían impuesto, es decir, contra la prisión preventiva. El ex funcionario se encontraba en prisión desde julio de 2017. Con su liberación, ya son tres ex funcionarios vinculados a este caso que quedan en libertad.

Liberan a Carlos Acosta por prescripción de los delitos.

El amparo fue concedido por el Juzgado Sexto de Distrito en una audiencia llevada a cabo a las 2:59 de la tarde del pasado 1 de febrero. En respuesta, la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que presentará a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un recurso de revisión en contra de la resolución del juez. Esto debido a que, para su liberación, fue aplicado el principio de prescripción, mismo que fue aplicado durante la liberación de Mario Castro Basto el pasado 13 de diciembre.

En el caso de Castro Basto, la Fiscal Anticorrupción del estado, Rosaura Villanueva, indicó que a pesar de que se determinó que la Fiscalía ya no podría proceder en contra de los implicados, esto no quiere decir que son inocentes. Al respecto, dijo, se interpusieron recursos de revisión contra las resoluciones de los juzgados federales en la liberación de Mario Castro. Sin embargo, el problema podría residir en la prontitud más que en los juzgados.

Tres ex funcionarios del caso VIP Saesa, en libertad.

De acuerdo con la fiscal Villanueva, la carpeta de investigación 151/2017, contiene un total de 12 órdenes de aprehensión en contra de el mismo número de servidores públicos. De estos, tres han logrado salir libres gracias a amparos obtenidos ante el Poder Judicial de la Federación.

La FGE admite que este caso ha sido bastante complicado pues se ha establecido al mismo tiempo que se trató de un delito instantáneo y uno que fue continuo tras la firma de los ex funcionarios implicados. Lo anterior deriva de que el Estado siguió erogando recursos con el aval de los funcionarios, más el acto de firmar fue instantáneo, por lo que existe confusión en la forma en que se realizó el delito.

Cabe destacar que para que se dé la prescripción de un delito, se requiere que pase una cierta cantidad de tiempo sin que haya persecución judicial. Esto quiere decir que el juez debió tomar en cuenta la inactividad por parte de la FGE para el otorgamiento de pruebas en contra de los ex funcionarios. En este sentido, la problemática podría residir en la FGE antes que en los Juzgados de Distrito, aunque es únicamente una suposición.

Juan Miguel Peraza

Licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo. Es un apasionado de la economía, la legislación, el trabajo, las nuevas tecnologías y la política nacional e internacional. Se especializa en temas relacionados al empleo.

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